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<!-- NUESTROS MAGISTRADOS -->
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<h2 class="mb-0"><strong>Mtro. Hugo Alberto Gama Coria</strong></h2>
<h4 class="heading-primary">Mensaje</h4>
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<!-- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto organismo constitucional autónomo, tiene como principal atribución resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de naturaleza administrativa o fiscal entre el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos, los organismos autónomos, las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales, y los particulares; así como la facultad de imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas graves por parte de servidores públicos y particulares.
<br /><br />
Para cumplir con dicho propósito, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, prevén que el Tribunal de Justicia Administrativa funcione en Pleno, Salas y Juzgados. Esta integración se conformó a partir del mes de octubre de 2018. Así, el Pleno del Tribunal se integra con cinco Magistrados, teniendo competencia para conocer y resolver los recursos de queja, excitativas de justicia, recursos de apelación, reconsideración y reclamación en materia de responsabilidades administrativas, así como en la ejecución de sentencias ante la resistencia de la autoridad para cumplirlas.
<br /><br />
Las Salas del Tribunal son cinco, y funcionan de manera unitaria. Las primeras tres en materia Administrativa Ordinaria en segunda instancia, a través de los recursos de apelación y reconsideración; en tanto que, las Salas Cuarta y Quinta son especializadas en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, tratándose de procedimientos de responsabilidad administrativa por la comisión de faltas calificadas como graves. Finalmente, los juzgados administrativos conocen de materia Administrativa Ordinaria en primera instancia.
<br /><br />
Con el propósito de continuar impartiendo justicia en materia administrativa, a partir de julio de 2019 se implementó la tramitación de los juicios administrativos vía sistema en línea, como parte de la modernización en la impartición de justicia, poniendo a la vanguardia al Tribunal en el avance hacia la justicia digital, la cual va de la mano con el gobierno digital y abierto respecto a los procedimientos y resoluciones que dirimen las controversias que se ventilan por los particulares.
<br /><br />
De igual manera, a partir de 2021, el Pleno del Tribunal acordó el inicio de funciones del Juzgado Administrativo en la Región Uruapan, lo cual se suma a la política de desconcentración de este Órgano Jurisdiccional, ya que previamente, a lo largo de su existencia, se han aperturado sedes regionales de la defensoría jurídica, con la intención de acercar el servicio jurisdiccional a la población de todo el Estado.
<br /><br />
Y es que desde que inició sus funciones en enero del año 2008, se ha incrementado significativamente el número de particulares que acuden a demandar a autoridades que emiten actos materialmente administrativos, los cuales consideran contrarios a las normas jurídicas aplicables. Este incremento se debe a que cada vez más particulares, así como el foro jurídico, conocen mejor la actividad jurisdiccional que lleva a cabo en este Tribunal.
<br /><br />
Ello implica para quienes laboramos en este Órgano Jurisdiccional, el compromiso de continuar brindado el servicio de impartición de justicia en materia administrativa con estricto apego a los principios de legalidad, imparcialidad, eficacia, eficiencia y transparencia en la resolución de los conflictos que son sometidos al conocimiento y rendición de cuentas respecto a los recursos que le son asignados anualmente.
<br /><br />
Todo lo anterior, teniendo como objetivo contribuir con la cultura de la legalidad en la que deben obrar las autoridades al emitir actos administrativos, que si bien afectan la esfera jurídica de un particular, dicha afectación debe realizarse dentro del marco legal aplicable, lo que permitirá un mayor equilibrio en el desarrollo de las actividades de las autoridades y de los particulares.
<br /><br />
<h5><center>J. Jesús Sierra Arias
<br /><br />
Magistrado Presidente</center></h5>
La división de poderes en nuestro país se determina con base en las funciones que realiza cada uno de los Poderes del Estado, así, tenemos la función legislativa que tiene como objeto la creación de la norma; la función judicial que tiene a cargo su cumplimiento; mientras que la función administrativa tiene como objeto ejecutar las normas; por lo que esta última incide cotidianamente en la vida de los gobernados a través de los actos que son emitidos por sus órganos, debiendo observar en todo momento el principio de legalidad. Consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de legalidad limita el actuar de los órganos del Poder Ejecutivo, al señalar que nadie puede ser molestado sino en virtud de un mandamiento escrito por la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; por ello la Justicia Administrativa ha sido creada por el Estado como una actividad de control, de una verdadera auto tutela sobre sus propias decisiones; estableciendo principios, normas y bases para el desarrollo de procesos realizados por órganos jurisdiccionales con el objeto de esclarecer las controversias jurídico-administrativas, denominado derecho procesal administrativo.
<br /><br />
Sujeto a los principios de legalidad, imparcialidad, seguridad jurídica, agilidad, transparencia, eficiencia, eficacia y buena fe, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo es un órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de jurisdicción plena en materia administrativa; creado en el año 2007 con competencia para resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de naturaleza administrativa o fiscal entre el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos, organismos autónomos, entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales y los particulares; y a partir de la reforma a la Constitución de nuestro Estado, el 13 de noviembre del año 2015, también tiene competencia para imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades y actos de corrupción.
<br /><br />
A partir de las reformas expedidas por el Congreso del Estado al Código de Justicia Administrativa en el año 2018, creando la segunda instancia en materia administrativa, y la implementación del Juicio en Línea a partir del año 2019, además de formar parte del Sistema Estatal Anticorrupción, los retos de este Tribunal en los siguientes años, son fundamentales para consolidar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
<br /><br />
Poder acceder a la revisión de las resoluciones emitidas en primera instancia en materia administrativa requiere de un trabajo jurisdiccional de calidad; como integrante del Comité Coordinador es su deber participar en la consolidación de la organización, las bases y los procedimientos para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción; y por último, el desarrollo y la instrumentación del Sistema de Justicia en Línea partiendo de la difusión y capacitación de sus operadores hasta la sustanciación y resolución de los juicios.
<br /><br />
Todo ello sin dejar de lado su propósito principal, reconocer al gobernado como sujeto de derechos y obligaciones con la capacidad de hacerlos valer frente a quien se los ha otorgado, el propio Estado, otorgando una justicia simple y efectiva, que le permita inconformarse y obtener una defensa adecuada; lo que de manera inherente obliga a las autoridades a emitir sus actos dentro de la legalidad, encontrando ahí la verdadera efectividad en la Justicia Administrativa, como fin del derecho procesal administrativo, el que impere y prevalezca siempre el Estado de Derecho.
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<!-- EL PLENO Descripción -->
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The New Way to
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